En el Código Penal del estado de Baja California debe de contemplarse los delitos de desaparición forzada de personas y el desapariciones cometidas por particulares, consideró Evelyn Hidalgo Ruelas.
La presidenta del Colegio de Jóvenes Abogados y abogada postulante, opinó que al incluir dichos delitos en el Código Penal del estado, los gobiernos locales no se podrán deslindar de la búsqueda de personas desaparecidas y se daría paso además a tener una unidad de búsqueda especializada con investigadores certificados por parte de la Fiscalía para el esclarecimiento de los casos.
Destacó que al ser Baja California uno de los estados con más casos de desapariciones de personas, sobre todo de mujeres y niñas esto sería un gran avance.
Lo anterior lo mencionó al referirse al caso de la joven estudiante de preparatoria, Diana Piggeonountt, desaparecida hace 2 años y a la reciente detención de Juan Manuel ‘N’, quien presuntamente está involucrado.
“En la detención del presunto responsable a quien se le vinculó por el delito de desaparición forzada de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida entre particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. considero que se pone a prueba el aparato de la Fiscalía para llevar medios de prueba legales con fundamentos e investigaciones perfectas para el esclarecimiento.”, manifestó.
En este caso, agregó, está de manifiesto la falta de actualización en el tema de los derechos humanos, no sólo de la Fiscalía sino de todas las autoridades que convergen en ser tutores de la sociedad.
Además de que no se activó el protocolo “Alba” establecido para la localización de mujeres y niñas extraviadas el cual contempla una coordinación entre los 3 órdenes de gobierno.
Expresó que en la detención del presunto involucrado a quien se le vinculó por desaparición forzada queda esperar a que se agoten las etapas procesales y ver qué se resuelve en favor de la justicia.
Hidalgo Ruelas, refirió que las penas por el delito de desaparición forzada van de los 40 a los 60 años de prisión y el de desaparición cometida por particulares de 25 a 50 años.