El diputado federal Héctor Cruz calificó como trascendentales las reformas hechas al artículo 22 y a la fracción XXX del artículo 73 en materia de extinción de dominio, con lo que se da un paso firme en el combate a la delincuencia.
El legislador al igual que el grupo parlamentario de Encuentro Social votó a favor de la aprobación de este dictamen para la seguridad de la ciudadanía.
Refirió que el pasado mes de marzo fue cuando se concluyó con el proceso legislativo por el que reformaron dichos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extinción de dominio.
“Este proceso obligó al Poder Legislativo a la aprobación de la Ley reglamentaria que se ve reflejada en la discusión del Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Gobernación y Población, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio, se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales; de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público; de la Ley de Concursos Mercantiles y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal”, declaró.
Este dictamen, agregó, se sustenta en un modelo internacional de combate a la delincuencia organizada, de las Naciones Unidas y de tratados internacionales de los que México es parte y que tiene por objetivo combatir diversos delitos como la delincuencia organizada, secuestro, hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, contra la salud, trata de personas, corrupción, entre otros delitos que han vulnerado la tranquilidad y la seguridad de los mexicanos.
Señaló que esta ley tiene por objeto regular la extinción de dominio de bienes a favor del Estado; el procedimiento correspondiente; los mecanismos para que las autoridades administren los bienes; los mecanismos para que las autoridades lleven a cabo la disposición y la monetización de los bienes.
Estas acciones, añadió, buscan que aquellos que cometen estos delitos tengan la pérdida de los derechos en relación con los bienes vinculados con los delitos previstos en el artículo 22 constitucional, declarada por sentencia de la autoridad judicial, sin contraprestación, ni compensación alguna.
Héctor Cruz, manifestó que, se trata de debilitar los esquemas financieros y patrimoniales de los grupos delincuenciales que tanto daño han cometido al pueblo de México, para que sean utilizados en beneficio de la misma sociedad y administrados por el Gabinete Social para que su utilidad sea en el mejor uso.
“El valor de la realización de los bienes se destinará hasta donde alcance, con forme al orden de prelación siguiente, al pago de la reparación del daño causado a la víctima u ofendido de los delitos a que se refiere esta Ley, en términos de la Ley General de Víctimas; en el caso de recursos que hayan pasado a formar parte del patrimonio de la Federación, al pago de las erogaciones derivadas de la ejecución de programas sociales de prevención social del delito, programas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, conforme a los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, y en el caso de las Entidades Federativas éstas destinarán dichos recursos para los fines señalados anteriormente, en los términos que determine su legislación”, mencionó.
Consideró que de forma contundente éste gobierno da un paso firme en el combate a la delincuencia y de los grupos financieros que les respaldan.