“¿Cómo le explicamos a la gente, a la mamá de la niña abusada sexualmente, a los chóferes de transporte de carga asaltados en la carretera, a quienes les roban su casa, que tenemos que esperar más tiempo a que la reforma madure?”, responde a quienes se oponen a que la prisión preventiva oficiosa se aplique a más delitos.
La “puerta giratoria”, uno de los principales problemas a combatir.
Su postura podría parecer una contradicción para quienes conocen la trayectoria profesional del diputado del Partido Encuentro Social (PES), pero lo explica así “desde mi óptica como abogado, no hubiese estado de acuerdo con esta reforma que presenté, pero no tengo que hablar por mí, sino ver lo que está pasando en la ciudad”.
Y añade”dejar libre a alguien que porta un arma de grueso calibre, lógicamente esa persona es alguien que busca dañar a la sociedad, que busca delinquir”.
Héctor Cruz llegó a la Cámara de Diputados en septiembre de 2018. Su experiencia como abogado litigante le permitió “estar en la línea de batalla y conocer cuáles son las lagunas legales que normalmente benefician a los procesados, les permiten sustraerse de la acción de la justicia o beneficiarse de la normatividad en materia penal”.
Su primera iniciativa fue precisamente una reforma constitucional y al Código Nacional de Procedimientos Penales, para que la prisión preventiva se aplicara de manera oficiosa a los acusados de abuso sexual a menores de edad, feminicidio, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, robo de combustible, corrupción, entre otros delitos.
La propuesta fue aprobada a pesar de que, recuerda el diputado, algunos advirtieron de una regresión en cuanto a las leyes que garantizan el debido proceso de los imputados.
“El problema de la impunidad sigue, el problema de la inseguridad sigue, el problema de la puerta giratoria sigue. Llevamos diez años de la implementación de la reforma y toda ley es perfectible, tiene que adecuarse a la realidad que estamos viviendo”, contesta.
También dice “no es la solución ni será la solución para la reducción de los delitos, pero tampoco sirve permitas que un juez deje en libertad, por ejemplo, a bandas criminales detenidas con siete u ocho armas de alto calibre que se van a ir de la ciudad, a esconder.
Los procesados van a seguir teniendo una adecuada defensa, van a seguir ofreciendo pruebas, no se modifica el procedimiento en sí ni las garantías de un procesado, solo se le impone una medida cautelar por el tipo de delito del que se trata”.
Si bien, esta reforma constitucional se aprobó en marzo de 2019, no se aprobaron las modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales.
“Entonces nos quedamos en la misma situación porque al procesado le tienes que aplicar la ley que más le beneficie ¿Y qué hacen los jueces? Aplican el Código y no la reforma constitucional para otorgar el beneficio”, reflexiona.
Otra propuesta que el diputado presentó fue una modificación a la Ley Nacional de Ejecución Penal para que a los procesados por feminicidio, violación y homicidio calificado y agravado no se les otorguen, bajo ningún motivo, los beneficios de libertad condicionada, libertad anticipada y sustitución de las penas.
Desde la Cámara de Diputados
De igual forma que la extorsión sea sancionada como delito de la delincuencia organizado y se considere agravante cuando las víctimas sean menores, adultos mayores y participen funcionarios públicos como ex miembros de las corporaciones policiacas.
El diputado también habló de una modificación en la legislación para que los delitos sexuales cometidos contra menores de edad, como el abuso sexual, pornografía infantil, turismo sexual, pederastia y trata de personas, no prescriban cuando la víctima cumpla 18 años, sino 30 años.
Cruz Aparicio considera que este conjunto de reformas responden a un “justo reclamo de sectores vulnerables, antes mucha gente se callaba que eran víctimas, el objetivo es dejar menos salidas legales para que no estén en libertad quienes más daño están cometiendo”.
El problema en Tijuana, la colusión entre las autoridades y el crimen organizado
Otra de las deficiencias que Héctor Cruz encuentra en la aplicación de las leyes penales es la falta de capacitación entre corporaciones, principalmente los policías municipales, en quienes recae la responsabilidad de los informes policiales homologados, formatos a los que no estaban acostumbrados y es común que cometan errores al llenarlos.
Y con la desaparición del Fortaseg (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad), recién aprobado por la mayoría de Morena, el diputado avecina que los agentes se convertirán en el talón de Aquiles del sistema de justicia.
Respecto a la situación de Tijuana, el diputado percibe “colusión de las autoridades encargadas de seguridad con el crimen organizado porque hemos visto menos detenciones, menos intervenciones de la Policía Municipal”.
“Ha crecido el problema de inseguridad”
Observa que hay una falta de coordinación entre el gobierno estatal y el gobierno municipal en materia de seguridad
“De alguna manera, el alcalde, que ya pidió licencia, lo tomó a la ligera, como un aspecto de carácter político, pero hay señalamientos muy graves hacia ciertos mandos de la Policía donde se da a entender que están inmiscuidos con el crimen organizado. Creo que son situaciones que se deben investigar”, agrega.
De ahí que haya presentado un exhorto ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investiguen tales acusaciones.
“Hubiese esperado que, con los gobiernos federal, estatal y municipal, provenientes de un mismo partido, el combate a la delincuencia pudiera ser mejor coordinado, pero no tiene que ver con los partidos políticos que gobiernan, tiene que ver con la voluntad política del gobernante”.