Tijuana.- Tras el aseguramiento de diez estaciones de almacenamiento y distribución de gas de la compañía “Blue Propane”, la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales, ahonda en las investigaciones sobre los diversos delitos cometidos por directivos de dicha empresa.
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que dichas plantas “siguen aseguradas” por diversos delitos, ya que la carpeta de investigación ya se encuentra en la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales (SIE) para continuar con las indagatorias.
“La PGJE aplicó esa medida mientras sigue con la carpeta de investigación y determinará en base a derecho”, se informó por parte de la PGJE
Entre los delitos en que incurrieron los directivos de la empresa gasera, propiedad de Jorge Alberto Elías Retes, se encuentran: quebranto de sellos, alteración y falsificación de documentos, desobediencia de mandato de autoridad, informó.
Cabe mencionar que el 6 de junio, la PGJE procedió a asegurar por parte de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales, cinco inmuebles de la empresa “Blue Propane”, por incurrir en los delitos de promoción de conducta ilícita y desobediencia a particulares.
Las estaciones de gas se localizan en las colonias Loma Dorada, Terrazas de San Bernardo, Fraccionamiento Baja Maquila del Águila, Fraccionamiento Francisco Villa y Las Torres.
En abril habían sido asegurados cinco estaciones más por delitos contra el medio ambiente y quebrantamiento de sellos. Cada estación opera con dos tanques de cinco mil litros de gas LP.
La Secretaria de Protección al Ambiente (SPA) del Gobierno del Estado también clausuró dichas instalaciones por carecer de licencias municipales.
En su momento, la Asociación Retos y Logros Cumplidos A.C, denunció la construcción ilegal de 24 “gaseritas”, y la queja puso al descubierto que el Ayuntamiento de Tijuana autorizó la edificación de las mismas pese a que se prohíbe construir estas plantas, en colonias populares.
Dichas construcciones contravienen el Reglamento Municipal y las disposiciones del Instituto Metropolitano de Planeación, así como la Moratoria del Cabildo de 2016, que prohíbe que estaciones de gas se ubiquen a pocos metros de escuelas, hospitales y viviendas populares.